Discapacidad
Además del término Discapacidad existen otros términos que
pueden utilizarse como sinónimo: Disminución, deficiencia, capacidades
diferentes, minusvalía; En inglés encontramos que los dos más utilizados son
disability y handicap.
En Argentina se utiliza generalmente el término “Discapacidad”. A mi
entender esta es la palabra justa ya que nos figura una disminución de alguna/s
capacidad/es en comparación al grado que se considera normal. El Deporte para
personas con discapacidad (no para discapacitados) deberá ser adaptado a la
disminución que evidencia, según sea esta de índole motora, mental y/o
sensorial.
Para poder delimitar nuestro campo de estudio o trabajo
llamaremos a esta área Deporte Adaptado a personas con discapacidad, de
esta manera dejaremos el lugar para luego completar con la discapacidad que
posea la persona dentro de los tres grandes grupos: motora, sensorial y mental.
Muchas veces por una cuestión de rapidez y economía también
denominamos al área: Deporte Adaptado, claro que también se denomina de
esta manera a aquellos Deportes que van dirigidos a poblaciones reclusas,
embarazadas, tercera edad, trasplantados; así como a los Mini-deportes.
El inconveniente que acarrean los términos como rótulos es
lo discriminatorio que el mismo puede llegar a ser, por lo tanto deberemos tener
cuidado con el uso de los mismos frente a personas con “handicap” o sensibles a
la problemática.
La situación de las mujeres y de las niñas con discapacidad a través del doble prisma del género y la discapacidad
Las mujeres con discapacidad se enfrentan a dificultades mucho más graves tanto en la esfera pública como en la privada, por ejemplo, a obstáculos en el acceso a una vivienda adecuada, así como a los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo, y tienen más posibilidades de ser internadas en instituciones . Las mujeres con discapacidad también sufren desigualdades en la contratación, las tasas de ascensos, la remuneración por igual trabajo, el acceso a actividades de capacitación y reciclaje profesional, el crédito y otros recursos productivos, y rara vez participan en los procesos de toma de decisiones económicas.
Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es esencial para lograr los objetivos de desarrollo internacionalmente convenidos, entre otros, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan una discriminación por partida doble, lo que hace que estén más expuestas a la violencia por motivos de género, los abusos sexuales, el abandono, los malos tratos y la explotación. La tasa mundial de alfabetización de este grupo es de tan solo el 1%, según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Según informa el Banco Mundial, cada minuto más de 30 mujeres sufren lesiones o contraen discapacidades graves durante el parto y, por lo general estas mujeres, cuya cifra oscila entre los 15 y los 50 millones, pasan inadvertidas. QUE PERSIGUE EL GOBIERNO AL INFLUIR A ESTAS PERSONAS EN EL SISTEMA EMPRESARIAL
El costo de la exclusión
Si bien hay muchas personas discapacitadas que pueden y quieren trabajar, a menudo se hallan excluidas del mundo laboral. La tasa de desempleo entre los 386 millones de discapacitados de todo el mundo en edad de trabajar (2), tasa que asciende hasta el 80 por ciento en algunos países (3), es mucho más elevada que entre los demás individuos en edad de trabajar. Como consecuencia, muchas personas discapacitadas viven en condiciones de pobreza y su contribución potencial queda desperdiciada, tanto para sus familiares como para los empleadores y la sociedad en su conjunto.
Si se considera la creciente incidencia de discapacidades de resultas de una serie de factores como el envejecimiento de la población, los conflictos armados y su legado de artillería sin detonar, como las minas anti personales, la desnutrición y las enfermedades que persisten en los países en desarrollo, y la propagación del VIH/SIDA, es probable que, en el futuro, se intensifique el problema (4). Las discapacidades debidas a la epidemia del VIH/SIDA ya han dado lugar a importantes problemas de empleo y de generación de ingresos, con repercusiones en todos los niveles, ya se trate de los individuos, las comunidades, los empleadores o los gobiernos.
Además de la enérgica campaña de conciencian con la participación de organizaciones de personas con discapacidades y de organizaciones internacionales, se han impulsado nuevos cambios a raíz del problema general ocasionado por el incremento del desempleo y de los elevados costos, en ascenso vertiginoso, a que debe hacer frente el erario público de muchos países, tanto en forma de prestaciones como de pérdidas de productividad.
Los gobiernos y los interlocutores sociales, como consecuencia de este conjunto de factores, tienen cada vez mayor conciencia de las ventajas económicas y sociales resultantes de la integración de los discapacitados en la población activa.
Nuevos avances
En los últimos decenios del siglo XX, muchos países de todo el mundo han modificado de forma apreciable sus marcos jurídicos y normativos en torno a la discapacidad. Muchos gobiernos han adoptado políticas orientadas a promover el derecho de las personas con discapacidades a integrarse lo más plenamente posible en la sociedad. A título de ejemplo, cabe citar las políticas encaminadas a mejorar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidades, con frecuencia respaldadas por la ley.
Algunos países han adoptado legislaciones que requieren que los empleadores reserven una cierta proporción de empleos para las personas con discapacidades reconocidas, por lo que se suelen denominar legislaciones de establecimiento de cuotas. Si los empleadores no cumplen con esta obligación, en muchos países se les exige que aporten una contribución a un fondo central que se utiliza para promover el fácil acceso a los lugares de trabajo o con fines de re adaptación profesional. Entre los países con este tipo de legislación figuran muchos países europeos y varios asiáticos.
Otros países han aprobado leyes anti discriminatorias o de equidad en materia de empleo en virtud de las cuales se considera ilegal que los empleadores ejerzan cualquier discriminación con base en una discapacidad en materia de contratación, ascenso, despido y cualquier otro aspecto del empleo. Entre los países que han introducido este tipo de legislación, cabe mencionar Australia, Canadá, los países escandinavos, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Sudáfrica.
Muchos gobiernos han adoptado una serie de medidas dirigidas a apoyar la aplicación de dichas políticas y leyes, tales como la prestación de asistencia económica a los empleadores a título de incentiva o para asegurar que la contratación de la persona no ocasione gastos adicionales u otros problemas al empleador; también se han previsto servicios de apoyo para garantizar un asesoramiento técnico pertinente y una rápida resolución de los problemas.
Derechos y oportunidades
En este contexto de cambios políticos y legislativos, las oportunidades de empleo de las personas con discapacidades han evolucionado fuertemente en los últimos diez ó 20 años. Hoy en día se hace mayor hincapié en la integración de las personas discapacitadas en busca de empleo en puestos de trabajo competitivos, en vez de ofrecerles un empleo en centros especiales. Algunos empleadores han contratado directamente a personas con discapacidades, mientras que otros han adoptado una actitud más cautelosa, prefiriendo ofrecer un contrato a prueba o un período de formación en el empleo antes de comprometerse a contratar. En la actualidad, son muchos los empleadores que conservan en el empleo a trabajadores y empleados que se han visto aquejados por una discapacidad durante su vida activa, a veces porque así lo estipula la ley, y que facilitan la reintegración profesional de las personas que dejaron de trabajar a raíz de su discapacidad. Las aptitudes profesionales de las personas discapacitadas constituyen una enseñanza valiosa que deberían tener presente los empleadores y todos aquellos que proporcionan una ayuda en relación con el empleo, para permitirles hacer su trabajo de manera efectiva.
La integración de las personas con discapacidades
en busca de empleo
Beneficios para los empleadores
Los argumentos económicos que avalan la conveniencia de contratar a personas con discapacidades son cada vez más evidentes. Muchos empleadores han contratado a personas discapacitadas, sea en base a sus cualificaciones profesionales, sea debido a la política de equidad en materia de empleo de la empresa o bien a causa de la obligación resultante del sistema de cuotas. Las personas discapacitadas suelen ser empleados capaces y responsables cuya tasa de asistencia al trabajo es elevada, que sufren pocos accidentes y que con frecuencia permanecen en el puesto de trabajo durante más tiempo que los demás empleados (5). Asimismo, contribuyen a la productividad, a la moral del personal y al espíritu de equipo en el lugar de trabajo en general. Además, pueden atraer a una clientela más amplia, como las personas con discapacidades y sus familiares, amigos o defensores. Habida cuenta de que las personas con discapacidades representan alrededor del 10 por ciento de la población, este incremento de la clientela puede tener un gran impacto sobre una empresa o un servicio dados.
Los empleadores también se benefician al conservar en el empleo a las personas cuya discapacidad se produjo durante su contratación. Así, siguen aprovechando los valiosos conocimientos adquiridos en el puesto de trabajo y por medio de cursos de capacitación profesional. Además, evitan pérdidas de tiempo y ahorran los gastos de asistencia médica y de seguro afines, así como los costos resultantes de contratar e impartir formación al nuevo personal.
Beneficios para el Estado
Entre los beneficios resultantes de la contratación de personas con discapacidades para la sociedad en general figuran los siguientes:
- una reducción de los costos de las prestaciones públicas de discapacidad que se han disparado en muchos países en los últimos años (6);
- la reducción del costo de oportunidad -- es decir, los gastos resultantes del tiempo perdido como consecuencia de las discapacidades crónicas o temporales -- que, según se ha demostrado, son muy elevados y tienen un importante efecto deflacionista sobre la economía nacional (7), y
- la aportación de las personas discapacitadas, una vez integradas en el mundo del trabajo, mediante el pago de los impuestos y del seguro social.
Papel de los interlocutores sociales
En muchos países, las organizaciones y redes de empleadores están contribuyendo actualmente al proceso de cambio. Están empezando a desempeñar un papel activo al brindar a sus miembros información y asesoramiento acerca de la contratación de personas discapacitadas o de la conservación en el empleo de trabajadores que sufren de una discapacidad posterior a la contratación. Varias organizaciones de empleadores han elaborado una declaración de política sobre la discapacidad y algunas están desempeñando un papel promocional de alcance nacional.
Las organizaciones de trabajadores también han empezado a fomentar las posibilidades de empleo y a facilitar la conservación en el empleo y las oportunidades de reintegración profesional para las personas discapacitadas, defendiendo sus intereses en el lugar de trabajo. Esas organizaciones elaboran declaraciones de política sobre los derechos de las personas discapacitadas en materia de igualdad de oportunidades y de trato en el lugar de trabajo. Asimismo, aportan su contribución representando los intereses de las personas discapacitadas en los procesos de consulta y de negociación nacionales, así como mediante la elaboración de prácticas adecuadas.
CUALES SON LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DEL GOBIERNO?
Existen siete tratados reconocidos de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que protegen los derechos de mujeres, niños, trabajadores migratorios y otros, pero hasta que el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el 3 de mayo de 2008, no había habido un tratado global específico que atendiera las necesidades de las personas con discapacidades, las cuales conforman la minoría más grande del mundo.
Mientras que muchos sostenían que los tratados existentes se aplicaban a las personas con discapacidad al igual que a las demás, resultaba claro que sin un tratado que fuera legalmente vinculante y que explicara sus derechos detalladamente, las personas con discapacidad se enfrentaban con el ser legalmente “invisibles” en sus sociedades e incluso en el escenario internacional. El resultado ha sido que las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos serios y prácticas discriminatorias en sus vidas cotidianas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 650 millones de personas en el mundo, es decir, aproximadamente el 10 por ciento de la población mundial total, sufren de diversas formas de discapacidad. El ochenta por ciento de las personas con discapacidad, es decir más de 400 millones de personas, viven en países pobres, que son los menos preparados para atender sus necesidades. En todo el mundo, las personas con discapacidad siguen enfrentándose a obstáculos en su participación en la sociedad, y a niveles inferiores de vida.
Cuando se incluye a los familiares inmediatos, el número de personas afectadas por alguna discapacidad suma más de mil millones. Esto resulta particularmente importante ya que las discapacidades son un factor que contribuye a la pobreza, a un acceso limitado a la educación y la salud, a la exclusión y discriminación tanto para las personas con discapacidad como para sus familias.
El propósito del Convenio, según se estipula en el Artículo 1, es “promover, proteger y garantizar que todas las personas con alguna discapacidad disfruten totalmente y de la misma manera de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y que se fomente el respeto a su dignidad inherente”.
El Convenio marca un cambio importante en la forma como las sociedades consideran a las personas con discapacidad y la persona es el elemento clave en la toma de decisiones sobre su propia vida. Convierte a las personas con discapacidad en “tenedores de derechos” y en “sujetos de derecho”, con la participación total en la formulación e implementación de planes y políticas que les afecten.
La Discapacidad es un problema creado por la sociedad
El Convenio va más allá de las cuestiones sobre el acceso al entorno físico, a problemas más amplios sobre igualdad y a la eliminación de las barreras legales y sociales, hasta la participación, las oportunidades sociales, la salud, la educación, el empleo y el desarrollo personal.
El Convenio va más allá de las cuestiones sobre el acceso al entorno físico, a problemas más amplios sobre igualdad y a la eliminación de las barreras legales y sociales, hasta la participación, las oportunidades sociales, la salud, la educación, el empleo y el desarrollo personal.
Los Estados que ratifiquen el Convenio están obligados legalmente a tratar a las personas con discapacidad no sólo como víctimas o miembros de una minoría, sino como sujetos de derecho que tienen derechos claramente definidos. Tendrán que adaptar su legislación a las normas internacionales que se estipulen en el tratado.
El Convenio promueve las normas de derechos humanos y su aplicación desde una “perspectiva de la discapacidad”, fomentando la igualdad de ciudadanía después de una larga historia de discriminación.
El tratado considera la discapacidad como el resultado de la interacción entre un ambiente inaccesible y una persona, más que como un atributo inherente a un individuo. Reemplaza el antiguo “modelo médico” de la discapacidad por un modelo social y de derechos humanos que se basa en el hecho de que la sociedad es la que “inhabilita” a las personas con discapacidad para que ejerzan sus derechos humanos como ciudadanos.
Este enfoque refleja la perspectiva social que asume la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la OMS, que considera la discapacidad como una experiencia universal humana y no como una preocupación de una minoría: todo ser humano puede sufrir de la pérdida de la salud y experimentar alguna discapacidad.
El Convenio establece normas globales respecto a los derechos de los discapacitados La población global de personas con discapacidad está aumentando, declara la OMS. El aumento de la población, los avances en la medicina y el envejecimiento de la población mundial contribuyen a este crecimiento. En los países que tienen expectativa de vida de más de 70 años, los individuos pasan en promedio alrededor de 8 años, es decir 11.5 por ciento de su vida útil, con alguna discapacidad.
REFLECCION PERSONAL.
Todas las personas tenemos derecho a la vida, y a la vez a ser tratados por igual, las personas con discapacidad son personas especiales y deben ser tratado como tal, el venir al mundo con defecto no depende de nosotros son obras milagrosas que nos envía Dios para ver nuestra reacción con estas personas maravillosas y es por ello que no se los debe excluir más bien se los debe incentivar y apoyar a que sigan adelante porque ellos son nuestra salvación, son personas bellas que te llenan el corazón de alegría cuando estas deprimido y saben porque? .............. Son bellos y especiales, que viva la vida y que viva la democracia y la igualdad.
IMÁGENES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Personas con discapacidad de Ecuador con nueva ley
Nueva Ley de la persona con discapacidad de Ecuador consolida y amplia programas asistenciales recientemente ejecutados, esta importante ley ha sido aprobada de manera unánime en la Asamblea Nacional tras casi un año de debates parlamentarios internos.
Con esta ley se afianzará los beneficios sociales y económicos desarrollados a través de los programas Joaquin Gallegos y Manuela Espejo y se extienden otras medidas de protección estatal para que beneficiará a 1 millón 200 mil ecuatorianos que padecen alguna discapacidades.
República para su sanción u objeción.
Las personas con discapacidad residentes tanto en el país como en el extranjero por mandato de esta legislación, tendrá Seguro de vida, derecho a la educación, becas, inclusión laboral, créditos preferentes, exenciones arancelarias, jubilación a los 25 años de aportación. Se extienden estos beneficios a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, su cónyuge, conviviente en unión de hecho y a las personas jurídicas públicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y cuidado de las personas con discapacidad.
La Ley categoriza como persona con discapacidad a quien como consecuencia de una o más deficiencias se vea restringida permanentemente en al menos un 30% su participación o limitada su capacidad para ejercer una o más actividades de la vida diaria.
Se crea el Sistema de Protección Integral. Dispone que el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de 4% de personas con discapacidad, en labores permanentes. Los empleadores podrán deducir el 150% adicional para el cálculo de la base imponible el Impuesto a la Renta respecto de las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IESS por cada empleado contratado con discapacidad.El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorgará créditos hipotecarios reduciendo en un 50% el tiempo de las aportaciones necesarias para tener acceso a los mismos. No se exigirá que las aportaciones sean continuas.
Pagarán una tarifa preferencial del 50% de la tarifa regular en los servicios de transporte terrestre público y comercial, urbano, parroquial o interprovincial; en los servicios de transporte aéreo nacional, fluvial, marítimo y ferroviario; exoneración del 50% para asistir a los espectáculos públicos; reducciones en el pago de impuestos pre dial, renta, tarifas notariales, servicios básicos.
Las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención, podrán realizar importaciones de bienes para su uso exclusivo exentas del pago de tributos al comercio exterior, IVA, e ICE, de acuerdo a una clasificación
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